Del “dictator” a “l’état de siège” (II)

Decíamos ayer… que la figura del “dictator” en la Antigua Roma no tuvo en principio las características de las dictaduras más conocidas del pasado siglo y de las que hoy en día coexisten con las modernas democracias. Sin embargo, el abuso de la institución degeneró en tiranía. Primero Lucio Cornelio Sila se hace nombrar dictador de forma indefinida – aunque abandona el cargo dos años después –, luego Julio César se hace asimismo nombrar dictador vitalicio, hecho que motivó, entre otros, su asesinato. Finalmente, Octavio Augusto huye de la antigua denominación de dictador, y se proclama Emperador, dando así inicio a la larga sucesión de Emperadores de Roma, de gobierno autocrático, cerrando definitivamente el periodo republicano.

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Nada nuevo bajo el sol. También los modernos Estados de Derecho contemplan la posibilidad de que surjan situaciones excepcionales (catástrofes, colapso de los servicios públicos, imposibilidad de funcionamiento normal de las instituciones, e incluso insurrecciones y actos de fuerza armada) que pongan en peligro el Estado democrático, y han establecido o no mecanismos para hacerles frente: es el denominado Derecho de excepción. Pero no todos los Estados han adoptado el mismo sistema de defensa frente a este tipo de situaciones.

Si examinamos el Derecho comparado (estudio de los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados de la comunidad internacional, especialmente los de nuestro entorno, por ser Estados que han adoptado un modelo constitucional democrático similar al nuestro), podemos observar que:
Hay países que ni siquiera contemplan un sistema a aplicar para reaccionar ante esas situaciones excepcionales. Es decir, carecen de Derecho de excepción. Es el caso de Bélgica, e incluso casi se podría decir que el de Italia (su Constitución sólo hace una breve referencia a un “stato di guerra” que, una vez acordado por las Cámaras, permite conferir al Gobierno «dei poteri necessari» para el restablecimiento de la normalidad constitucional).

Otros países consideran que es imposible regular todos los posibles supuestos de crisis, y por ello adoptan la figura de la dictadura constitucional, que supone la concentración de todos los poderes en una magistratura única. El caso más típico sería el actual régimen político francés en su Constitución de 1958. De ahí el título de este artículo, que hace referencia a “l’état de siège” o estado de sitio en Francia.
Finalmente, los hay que, como en España, poseen un auténtico Derecho de excepción que regula los diferentes supuestos o estados de emergencia, con todas sus peculiaridades.

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Sería largo y posiblemente aburrido (comprendo que puede ser un tema que no interese en principio a demasiada gente, quizá porque no pensamos en la trascendencia práctica que todo esto tiene) hablar de todos y cada uno de los supuestos de crisis que contempla nuestra Constitución, así que tan sólo diré que su art. 55.2 permite declarar los estados de alarma, excepción y sitio, y que establece la posibilidad de suspender el ejercicio de derechos fundamentales como los reconocidos en sus artículos 17.2 (duración de la detención preventiva) y 18, párrafos 2 y 3 (registros domiciliarios y secreto de las comunicaciones).

El procedimiento que regula con detalle la declaración de cada uno de estos estados, las medidas que se pueden adoptar para hacer frente a las situaciones de crisis o excepción, los derechos fundamentales cuyo ejercicio puede quedar suspendido, su duración, etc., se recogen en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.

Tan sólo para dar una idea de la gravedad que puede suponer la declaración de uno de estos estados, señalaré que la proclamación del estado de sitio comporta la atribución al Gobierno de todas las facultades extraordinarias previstas en la declaración que a tal efecto acuerde el Congreso de los Diputados, y la ejecución de esas medidas a través de la Autoridad militar que designe, lo que se traduce, entre otras cosas, en la utilización del bando como técnica normativa y en el sometimiento de determinadas conductas delictivas a lo dispuesto por el Código Penal Militar. También implica la limitación o suspensión de derechos fundamentales como los de libertad de circulación, libertad de expresión, reunión, manifestación, huelga, e incluso los derechos del detenido a ser informado de las razones de la detención y a la asistencia jurídica.

Desde el punto de vista teórico todo parece estar bien calculado y previsto para hacer frente con éxito a las situaciones de emergencia o excepción aludidas. Pero en la práctica, ¿realmente todo este sistema sería efectivo?, ¿podrían las Cortes reunirse, discutir y adoptar este tipo de decisiones en plena situación de crisis?… Para reflexionar sobre la cuestión basta con recordar una fecha: 23 de febrero de 1981. Intento de golpe de estado. Los golpistas entran en la sede del Congreso de los Diputados y mantienen como rehenes a sus miembros. ¿Cómo aplicar las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 4/1981? Ciertamente difícil. Hay autores, como P. Vigny, que acuden a la teoría de la fuerza mayor: los órganos del Estado (especialmente el Gobierno) tomarían medidas al margen de la ley (parajurídicas), solo justificables para hacer frente a esa situación excepcional, y siempre tratando de respetar los principios de proporcionalidad y justicia. En fin, qué decir. Puede que esa fuese la actuación necesaria para salvar la situación, aunque espero que no llegue nunca el día en que tengamos que comprobar en la práctica si esa es o no la respuesta adecuada.

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